Aunque a fines de 2023 se dijo que no había presupuesto ni expediente, hace 10 días el Congreso emitió una orden de servicio para concretar la obra. El jurista Rospigliosi alerta una posible infracción constitucional de Salhuana y del contralor, César Aguilar.
Los primeros días del mes de octubre de 2023 estalló un escándalo de ribetes nacionales: el Congreso de la República gastaría 17 millones de soles en construir un centro de capacitaciones en el exclusivo balneario de Santa María del Mar, a más de 60 kilómetros del centro de la capital.
Ante la indignación ciudadana, las autoridades del Parlamento se encargaron de desmentir la fastuosa construcción indicando que no había expediente técnico ni presupuesto, por lo que la obra, aunque posible, no tenía fecha a la vista.
Sin embargo, el 30 de enero pasado, el Departamento de Logística del Congreso emitió la orden de servicio N°74 a favor del arqueólogo Máximo Salazar Vivanco por el monto de 141,000 soles para que realice un “servicio de consultoría para la elaboración del proyecto de evaluación arqueológica (PEA) para la elaboración del expediente técnico del proyecto ‘Construcción del Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios’, distrito de Santa María del Mar”.
Es decir, el Congreso destinará S/141,354.21 para continuar con el proyecto y tener su centro de capacitación playero. Según reveló Cuarto Poder en diciembre de 2023, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) entregó en cesión el terreno de 35 mil metros cuadrados al Congreso, con el compromiso de realizar el proyecto y diseño de su centro de capacitación, con un aforo para 4,000 personas, en un plazo máximo de dos años. De lo contrario, retornaría a posesión de la SBN.
Quien por entonces fue la directora general de Administración del Congreso, la ex congresista Marisol Espinoza, mencionó que “no hay ni siquiera expediente técnico para este proyecto, no hay perfil, presupuesto, ni un sol invertido”.
Dijo, también, que el proyecto pasó por las gestiones parlamentarias de los años 2011-2016 y 2016-2021 y que “nadie se va a atrever a construir” la infraestructura por el rechazo que genera. Parece que la gestión de Eduardo Salhuana piensa distinto.
