En un pronunciamiento conjunto, coordinadores nacionales y representantes de las fiscalías especializadas y penales pidieron al Ejecutivo que atienda los S/81 millones adicionales.
En un pronunciamiento público difundido a través de redes sociales, coordinadores nacionales y representantes de las fiscalías especializadas y penales del Ministerio Público solicitaron que se atienda su requerimiento de una partida presupuestal adicional para esa institución para el período 2026-28.
Mirko Cano, coordinador de las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, extinción de dominio y delitos de lavado de activos, refirió que la institución atraviesa "una grave situación presupuestal".
"La Constitución, en su artículo 159, define nuestro rol de atribuciones que van desde la promoción de la acción penal en defensa de la legalidad hasta la persecución del delito; estas atribuciones están en serio riesgo debido a la negativa del Ejecutivo a asignarnos el presupuesto solicitado, el cual, además, ha sido debidamente sustentado", acotó.
Fanny Quispe, coordinadora de las fiscalías especializadas en delitos contra la criminalidad organizada y tráfico ilícito de drogas, por su parte, sostuvo que "desde el próximo mes de septiembre están en serio riesgo todas las diligencias fiscales". "Se podrían paralizar operativos importantes contra el crimen organizado y la extorsión", indicó.
Al igual que ellos se pronunciaron también otros representantes y coordinadores de diferentes fiscalías —como las especializadas en delitos de terrorismo, violencia contra la mujer, ciberdelincuencia, trata de personas y prevención del delito, entre otras— quienes dieron cuenta de que, sin recursos, se podrían paralizar los operativos de detección temprana de trata de personas y se verían afectadas las acciones contra la minería ilegal y el tráfico de animales silvestres.
"Las acciones contra la inseguridad ciudadana se verían muy limitadas desde la fiscalías especializadas en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar; no podríamos avanzar en los casos de delitos tan graves como feminicidio y de violencia sexual", agregaron.
"El Ejecutivo ha declarado que debemos luchar juntos contra la minería ilegal, que no es momento de enfrentarnos entre instituciones y estamos totalmente de acuerdo con ellos; nuestro éxito es el resultado del trabajo conjunto que hacemos con otras instituciones, pero no podemos exigir a los fiscales que trabajen sin las mínimas condiciones", añadieron.
"Solicitamos atender el pedido presupuestal del Ministerio Público a fin de garantizar que exista justicia para todas las personas; la justicia no es un gasto es una inversión indispensable para fortalecer nuestra democracia", concluyeron.
