Por otra parte, Walter Astudillo confía en que el titular del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, "va a salir airoso" frente a las cuatro mociones de censura presentadas por las bancadas del Parlamento.
El ministro de Defensa, Walter Astudillo, afirmó que la “minería ilegal es una amenaza a la seguridad nacional”, por lo que invocó a la unidad de todas las instituciones para luchar contra el crimen organizado.
Durante una entrevista, señaló que la paralización de las actividades mineras en los distritos de Pataz, Parcoy y Tayabamba, en la provincia de Pataz (región La Libertad) —como parte de la prórroga del estado de emergencia, tras el asesinato de trece trabajadores en un socavón— facilitará al Gobierno la identificación de los responsables del crimen en la zona minera.
Para Astudillo Chávez, la militarización de la provincia de Pataz no es la solución a la violencia vinculada a la minería ilegal, pero sí “parte” de ella. “Es una respuesta muy dura del Gobierno y creo que la situación lo amerita. Las Fuerzas Armadas asumen el control interno, pero la actuación de todos los ministerios involucrados e instituciones debe darse de manera articulada. Incluso el sector privado tiene mucho que aportar”, explicó.
El ministro reafirmó que “los hechos y las operaciones de inteligencia” sindican a Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’, como el presunto responsable del asesinato de trece trabajadores de la empresa de seguridad R&R, dirigida por dos policías y que operaba sin ningún tipo de licencia.
“Somos respetuosos de los procesos. En este caso, hay un proceso de investigación en el que la Fiscalía está haciendo su trabajo. Al final se determinará si tiene responsabilidad o no. Es fácil decir sí o no, o emitir una carta notarial”, expresó, en referencia a la misiva enviada por Rodríguez Díaz a la presidenta de la República, Dina Boluarte, solicitándole que se rectifique ante las acusaciones en su contra.
El alto funcionario detalló que la estrategia del Ejecutivo en la lucha contra las bandas criminales en Pataz contempla la participación de 1000 policías y 500 miembros de las Fuerzas Armadas. “Dada la magnitud del problema, estamos priorizando la participación de las fuerzas especiales, tanto del Ejército, como de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea”, dijo.
