Arrendaron local para Universidad Ciencias de la Salud y ahora funciona el Instituto Sabio Antúnez de Mayolo.
El actual Congresista José Luna Gálvez y su hijo, el Regidor de la Municipalidad de Lima, José Luna Morales, mantienen una deuda de más de 213 mil soles con una jubilada de 67 años y sus cuñados, mayores que ella, por el alquiler de un local ubicado en la región Arequipa, en el que debía funcionar la Universidad Ciencias de la Salud, pero que ahora está ocupado por el Instituto Sabio Antúnez de Mayolo, ambas empresas fundadas por la familia Luna, de acuerdo con un informe emitido por un programa de emisión nacional.
Esta historia se inicia en el año 2016, cuando Luna Morales firma un contrato de alquiler de un local con la señora Marta Mostajo, quien representa a sus cuñados mayores que ella, para el funcionamiento de la Universidad Ciencias de la Salud.
“Firmamos contrato en 2016 con José Luis Luna Morales por la Universidad Ciencias de la Salud. Todo estuvo muy bien, estuvo pagando puntualmente. El monto era 20 mil soles. Por temas de licenciamiento, hicimos una adenda para alargar el tiempo por seis años y seis meses, esto fue en el año 2018, hasta diciembre de este año”, narró la señora Mostajo.
Con el paso del tiempo, el alquiler subió a 24 mil soles mensuales, hasta que llegó la pandemia y tuvieron que renegociar el contrato, en el que los jubilados les rebajaron el monto a los Luna.
“Fuimos solidarios y le bajamos el alquiler a la mitad, que en ese entonces ya estaba en 24 mil soles, y pagaron 12 mil soles un buen tiempo, hasta que en setiembre de 2021 empezamos a conversar sobre el nuevo contrato, porque nos enteramos que ahí funcionaba el Instituto Sabio Antúnez de Mayolo”, explicó la jubilada.
Lo que sorprendió a la mujer es que en la adenda, quienes administran el local quisieron incluir una cláusula con un dictamen judicial ante un eventual allanamiento. Mostajo y familia advirtieron que ahí había algo raro y no aceptaron.
“Cuando es previo dictamen del juez, hay que ir a un juicio, el cual, obviamente, no estamos capacitados en estarlo llevando, todos somos personas mayores. Yo soy la menor del grupo con 67 años. Si yo actúo en forma transparente, no voy a exigir nunca que vaya esta cláusula, ¿no? Porque ellos ya tienen planeado, entonces, quedarse el tiempo que quieran”, afirma en el reportaje.
Así, no hubo acuerdo para modificar el contrato, pero la adenda está vigente hasta el 31 de diciembre de este 2024 y las deudas se acumulan, mientras el local es usufructuado por otra institución educativa. Qué tal familia.
