El flamante ministro de Justicia aceptó, en una declaración jurada, las investigaciones que mantiene y que deberían descalificarlo para el cargo. Nada de eso le importó a la presidenta y al premier, que han devuelto al gabinete a un ministro censurado por incapaz.
Lo querían de vuelta en el gabinete a las buenas o a las malas. Y parece que ha sido a las malas, porque no ha importado nada con tal de que Juan José Santiváñez, el hasta hace poco censurado en el Congreso por incapaz, se haga cargo ahora de un ministerio clave.
Al Gobierno de Dina Boluarte no le ha interesado la probada incompetencia de su ministro favorito en la cartera del Interior, ni mucho menos que cargue a sus espaldas 12 pesquisas fiscales en trámite, que el propio Santiváñez admitió, con su puño y letra, en la declaración jurada que presentó ante el premier Eduardo Arana y la misma mandataria, tal como obliga la ley, previo a la emisión de la resolución suprema de su cuestionadísimo nombramiento.
En el documento, el nuevo ministro de Justicia detalla que afronta procesos judiciales que lo involucran en tráfico de influencias, lavado de activos, encubrimiento personal y abuso de autoridad, entre otros delitos.
El extenso legajo de Santiváñez se suma al impedimento de salida del país por 18 meses que le dictó el Poder Judicial y a su negativa de colaborar con la justicia en los procesos que afronta. Para el Gobierno, sin embargo, nada de esto lo descalifica para ser ministro de Justicia.
La docena de pesquisas contra Adrianzén tampoco fue objetada por el presidente del Consejo de Ministros, quien, según el artículo 15 A-5, de la Ley 29158, es el responsable de verificar el contenido de la declaración jurada y de informar al Congreso en un plazo de cinco días hábiles luego de publicarse la resolución de nombramiento, algo que debería cumplir antes de este viernes 29. Arana, pues, pasó por alto, se hizo de la vista gorda con esta lista de procesos de quien hoy ocupa el cargo que alguna vez dirigió.
El procedimiento de los potenciales ministros de declarar detalladamente sus investigaciones fiscales y procesos judiciales es obligatorio desde abril de 2022, cuando se promulgó la modificación de esta ley, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, referida al nombramiento de ministros y viceministros.
Una norma que, en épocas del golpista expresidente Pedro Castillo, buscaba la idoneidad de los titulares de cartera en medio de las reiteradas designaciones de ministros con serios cuestionamientos judiciales.
Consultado por este diario, el área de prensa de la PCM aseguró que tanto el premier Arana como la presidenta Boluarte sabían de los antecedentes de Santiváñez.
