Acción multisectorial se realizó para evitar la proliferación de la adquisición ilegal de líneas telefónicas que puedan ser utilizadas para delitos como la extorsión.
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), a través de la Oficina de Oficina de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, participó de un operativo multisectorial de prevención del delito, con el objetivo de evitar la venta ilegal de chips telefónicos, los cuales son utilizados para delitos potenciales como el de la extorsión.
La operación estuvo a cargo la Quinta Fiscalía de Prevención del Delito de Lima y contó con la Participación del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) y la Municipalidad Metropolitana de Lima.
El operativo se realizó en simultáneo en cuatro puntos críticos de zonas altamente comerciales donde se ha advertido la venta ilegal de líneas telefónicas como es el caso del lugar denominado “Las Malvinas” en el cercado de Lima, las afueras del Centro Comercial parque Canepa en la Victoria, en los exteriores del Metro del distrito de Breña y la cuadra 8 y 10 de la calle Dante en Surquillo.
Con los comerciantes dedicados al rubro de la telefonía y venta de chips, se realizaron acciones de concientización y sensibilización, se entregó material informativo sobre los potenciales delitos y penas que podrían enfrentar al verse involucrados en esa práctica ilegal.
Cabe resaltar que la venta de chips en la vía pública está prohibida desde el año 2015, ya que esta práctica puede ocasionar el mal uso de los datos personales de la ciudadanía.
Los vendedores de chips deben solicitar la huella dactilar al momento de la compra, por lo que hacerlo en un lugar que no brinde garantías es un riesgo para potenciales delitos como la extorsión, las contrataciones fraudulentas, trámites y compras no consentidas de equipos de alta gama. Según la Ley N° 32451, la venta irregular de chips telefónicos puede acarrear penas de hasta 9 años de prisión.
En lo que va del 2025, el Reniec y la Policía Nacional del Perú han realizado diversos operativos coordinados, relacionados a la venta de certificados de inscripción falsos, verificación de la identidad, corrupción de funcionarios, comercialización ilegal de información, entre otros.
