A pesar de los mayores recursos destinados a la inversión pública, este gasto se ha ejecutado de manera ineficiente.
Uno de los principales retos de la economía peruana en su camino al desarrollo es elevar el nivel y la calidad de su infraestructura pública. En este contexto, la inversión pública juega un rol importante en cerrar la brecha de infraestructura al financiar proyectos que en condiciones normales no asumiría el sector privado.
El gasto en inversión pública en el Perú se ubicó en 5.2% del PBI en 2024, la cifra más alta de los últimos 10 años y por encima de nuestros pares regionales, como Chile, Colombia, México, e incluso de los países de la OCDE (ver gráfico 1). Además, el 60% de esta inversión fue ejecutada por los gobiernos subnacionales, equivalente a poco más de 3% del PBI.
A pesar de los mayores recursos destinados a la inversión pública, este gasto se ha ejecutado de manera ineficiente. Ello se refleja en obras que se retrasan por años y generan sobrecostos, que nunca llegan a completarse y que incluso, si se finalizan, no generan casi ningún impacto.
A todo lo anterior, se agrega que los proyectos de inversión pública son muy pequeños como para generar un impacto significativo en la población. La evidencia generada da cuenta de la gran magnitud del problema.
De acuerdo con un estudio reciente del Banco Mundial, el número de proyectos paralizados y abandonados representa casi el 50% de todos los proyectos que empezaron su ejecución a partir de 2012 en adelante. Estos proyectos paralizados y abandonados tienen un valor de S/179,000 millones o 17.3% del PBI. Esto equivale a más de tres años de inversión pública.
Causas
Las causas detrás de la baja eficiencia de la inversión pública son profundas, complejas y multidimensionales.
Una de ellas es la falta de vínculo entre la programación multianual de inversiones y el presupuesto público más allá del año en curso hace que los proyectos no tengan los recursos asegurados para completarse. Además, el sistema de inversiones permite la introducción de nuevos proyectos, incluso si aún no se han completado los que están en curso y luego de aprobarse la ley de presupuesto.
Al respecto, según el Banco Mundial, solo la mitad de la inversión pública corresponde a proyectos previstos en el presupuesto original aprobado por el Congreso. Esta alta improvisación también se observa al comparar el presupuesto inicial con el modificado, siendo este último, en promedio, casi 40% mayor que el primero, porcentaje que se eleva a casi 100% en el caso de los gobiernos subnacionales.
Otros factores no menos importantes son la baja calidad de los expedientes técnicos.
Otro detalle, es la cantidad de distritos en Perú es relativamente elevada en comparación con otros países: 1 por cada 17,000, en comparación con Chile (54,000), Colombia (46,000) o México (52,000).
El Ministerio de Economía debe cambiar el enfoque de una lógica de “gastar más” a una de “gastar bien”, especialmente en un contexto en el que las cuentas fiscales se encuentran bajo presión por medidas aprobadas desde el Congreso.
Asimismo, sostuvo que el MEF debe generar indicadores de seguimiento de la calidad de la inversión pública que sean fáciles de comunicar y que complementen los indicadores tradicionales de ejecución.
