Luego del fracaso de la “Marcha a Lima" por parte de los manifestantes de la macrorregión sur, el gobierno que preside Dina Boluarte Zegarra ha decidido mostrarse más firme para contrarrestar el vandalismo de quienes le exigen la renuncia inmediata, así como el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones para el presente año.
Hasta el momento la asonada vandálica le está causando al país pérdidas millonarias, especialmente en el sector Turismo. También el encarecimiento de los productos de primera necesidad debido al bloqueo de las carreteras.
El titular del B.C.R, Julio Velarde, ha mostrado su preocupación por los efectos negativos de la crisis en el crecimiento del Producto Bruto Interno (P.B.I) y en el incremento del índice inflacionario acumulado que hasta el año pasado registró por lo menos el 8%, la cifra más alta de los últimos 26 años.
El laberinto político y social en la que se encuentra inmerso el régimen de Dina, no permite avizorar por el momento, una salida pacífica a las demandas de los protestantes.
La represión por parte de las fuerzas del orden, no parece ‘ablandar' el espíritu guerrero de los manifestantes obsesionados por una nueva Carta Magna que acabe con las desigualdades e injusticias sociales que dividen a los peruanos desde tiempos ancestrales.
El gobierno que cuenta con el respaldo de los grupos de poder económico representados por la derecha, recurrirá a todo lo que esté a su alcance con tal de defender la seguridad del Estado y la vigencia de la Constitución de 1993.
Si bien es cierto que la Carta Magna fujimorista redujo la pobreza y generó crecimiento económico, eso no necesariamente implica bienestar social.
