La propuesta del Poder Ejecutivo anunciada por Dina Boluarte durante su mensaje a la Nación para incorporar a la Policía Nacional la categoría de Orden y Seguridad, es una medida que acarrea muchos riesgos por las razones siguientes:
Primero, permitiría el accionar de efectivos (preferentemente reservistas del Ejército) con solo seis meses de preparación.
Segundo, eximiría de responsabilidades a los altos mandos de la Policía Nacional y autoridades del Gobierno en casos de excesos y afectaciones de los derechos humanos.
Tercero, el déficit de efectivos policiales no se puede cubrir con personal poco capacitado y que operaría en condiciones laborales precarias.
Cuarto, es un proyecto de ley populista, antitécnico e inconstitucional.
Quinto, no se podrían controlar actos de corrupción e inconductas funcionales de ellos.
Sexto, iría en desmedro de la calidad y profesionalismo que deben tener los miembros de la Policía Nacional.
El proyecto de ley no debe ser aprobado por el Poder Legislativo.
La norma pretende crear la Policía de Orden y Seguridad para fortalecer la seguridad ciudadana, pero el artículo 2, inciso c, del Reglamento de Seguridad Ciudadana habla de contribuir a la convivencia pacífica de la ciudadanía.
El proyecto presentado por la presidenta Dina Boluarte el 28 de julio, sería una forma encubierta para disuadir marchas sociales, especialmente las que exigen su renuncia, así como el cierre del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones.
