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Dom, Nov

Decreto de urgencia de la corrupción no contó con opinión legal del Minjus

Decreto de urgencia de la corrupción no contó con opinión legal del Minjus

Nacional
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Que se sepa todo. Fiscalía acudió al Ministerio de Justicia el miércoles y levantó un acta dejando constancia de que no se emitió informe sobre el Decreto de Urgencia 102, con el que se priorizó presupuesto para obras en Chota y otras provincias. Además, exministros empiezan a contar todo lo que saben.

La tarde del miércoles, la fiscal superior Zoila Sueno Chirinos llegó hasta la sede del Ministerio de Justicia en Miraflores. Lo hizo para consultar sobre el Decreto de Urgencia 102-2021, el cual está en la mira de la Fiscalía de la Nación puesto que, a través de esta norma, el gobierno de Pedro Castillo habilitó el presupuesto para obras transadas con empresas fachada.

 En el lugar, la fiscal Sueno, miembro del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, levantó un acta. Este despacho tiene como función ejecutar las investigaciones contra altos funcionarios a cargo de la fiscal de la Nación.
 
En el acta, a la que accedió Perú21, se deja constancia de que fue recibida por Rafael Rodríguez, actual jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica del ministerio. El funcionario le confirmó a la fiscal –y así se lee en el documento– que “para la publicación del referido decreto de urgencia no se emitió ningún informe (legal)”
 
Es decir, el Ministerio de Justicia (entonces a cargo del hoy jefe de gabinete, Aníbal Torres) no se pronunció como debía sobre la viabilidad de la tan codiciada norma.

Esta confirmación documentada permite a la Fiscalía inferir sobre el apuro y las torpezas que se cometieron desde el Ejecutivo en su intento por sacar adelante el decreto de urgencia y, con este, agilizar el millonario presupuesto para las obras.

Fuentes del Ministerio Público refieren que, como todo decreto de urgencia, la norma sí debió tener el visto bueno del Minjus. Dentro de su Reglamento de Organización de Funciones (ROF) se establece que debe “asesorar jurídicamente al Poder Ejecutivo emitiendo opinión sobre proyectos normativos”.

 

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