Al gobierno del presidente Pedro Castillo le mortifica o incomoda que los medios de comunicación revelen los actos ilícitos que comprometen a los miembros del Poder Ejecutivo.
De otra manera no se explica la intención del Ejecutivo de presentar al Congreso, un proyecto de ley para sancionar con pena privativa de la libertad, la difusión de información reservada en una investigación penal.
Bajo el pretexto o excusa de que los medios de comunicación se facultan en seleccionar información con el propósito de imputar la comisión de delitos, el régimen pretende silenciar a aquellos que se atrevan a incriminar nuevas fechorías a los procesados.
Esta actitud de la regencia de Perú Libre es típica de las dictaduras o gobiernos autocráticos que buscan utilizar la Administración de Justicia para ‘acallar' las voces que le incomodan.
Como desde su inicio el 28 de julio de 2021, el gobierno ha mostrado evidencias de sus vínculos con la corrupción, ahora pretende silenciar a la prensa para ocultar las ilegalidades que ya tienen ribetes de escándalo por estar involucrado el propio mandatario, Pedro Castillo Terrones.
Dada la variopinta conformación del Congreso de la República, no será tarea fácil para el Legislativo aprobar la iniciativa que supone la pena de prisión para los periodistas que divulguen la verdad.
Si el Congreso aprueba la propuesta, se estaría cometiendo un gravísimo atentado contra la libertad de prensa que contribuiría aún más al descrédito total en la que se encuentra sumergido el gobierno que durante la campaña electoral prometió demagógicamente combatir la corrupción en el aparato estatal, caiga quien caiga.
