Indiferencia de sullaneros frente a su problemática confabula a la no solución.

Después que se vayan todos ¿Qué hacemos?

Actualmente las puertas de la Municipalidad de Sullana están cerradas

Gerente Mario Quispe deberá explicar los detalles de la planificación y ejecución de los nuevos proyectos. Asimismo será la ley que dictamine si se han cometido en su ejecución los delitos de colusión prevaricato y contra la fe pública.

El año 2021 finaliza con un perjuicio económico de 1,135 millones en la Región Piura

Antes del examen se detectaron filtraciones en las pruebas de algunas regiones.

La comisión de presupuesto y cuenta general de la república del Congreso, ha propuesto la creación de Unidades Ejecutoras, en cada Gobierno Regional, para administrar los recursos provenientes del canon petrolero destinados al equipamiento y financiamiento de proyectos de inversión e investigación en los institutos y escuelas superiores, amén de la carrera pública de sus docentes.

El ministro de Educación, Oscar Becerra, ha declarado que en la currícula escolar para el año 2023, será incluida la asignatura de Educación Cívica.

Según el titular del sector, el propósito de restituir el dictado del curso será la de librar a los ciudadanos de la brecha que los tentáculos de la corrupción vienen ocasionando en la infraestructura educativa.

Haciendo historia, la enseñanza de la Educación Cívica se estableció el 30 de junio de 1900, mediante la Orden Militar Número 207; durante la gestión del presidente, Ing Eduardo López de la Romaña.

A través de ella, se pretendía explicar la vida democrática en la cual deberían educarse los ciudadanos.

La eliminación gradual del curso ocurrió a fines de los años 90, durante la segunda regencia del presidiario Alberto Fujimori.

La abolición del curso se hizo mediante la fusión con las materias de Historia del Perú, Filosofía y Educación Familiar e Historia Universal dando origen a la disciplina de Ciencias Sociales.

Lo paradójico de la exclusión del curso de Educación Cívica durante la administración de Fujimori, es que la Constitución promulgada en 1993, precisamente durante su gobierno, reconocía en su artículo 14 como derecho ciudadano, la formación ética y cívica.

Es decir, a través de este acápite se promovía la formación ética y cívica para preparar a los educandos en el cumplimiento de sus obligaciones personales, familiares y políticas para ejercer sus deberes y derechos ciudadanos.

Desde aquel entonces, la exclusión de la Educación Cívica de la currícula escolar, está cobrando ‘factura’ en las responsabilidades y atribuciones de los ciudadanos de ahora.
El no saber elegir de manera consciente y sensata a las autoridades del Gobierno Nacional, del Congreso de la República y de las administraciones regionales y municipales; ha engendrado en gran parte la crisis política y moral que vive actualmente el país.

Este conflicto se ve reflejado en la elección de ciudadanos de conductas dudosas que una vez elegidos, utilizan el poder para saciar de manera ilícita apetitos político-partidarios, personales y familiares; relegando a un segundo plano el interés colectivo que dicen representar y defender.

La decisión del Ministerio de Educación de restituir el dictado de la materia en la Educación Básica Regular la considero muy acertada para el estudio de los aspectos teóricos, políticos y prácticos de la ciudadanía, así como de sus derechos y deberes.
La esencia de la Educación Cívica es buscar que los habitantes tengan el poder y la capacidad de crear una sociedad democrática y de participar, hasta donde sea posible, de ella.

¿Se podrá con una reforma política tener mejores candidatos y partidos en el Perú? La interrogante deja entrever un tal vez si, o quizás no.

Luego del fracaso de la “Marcha a Lima" por parte de los manifestantes de la macrorregión sur, el gobierno que preside Dina Boluarte Zegarra ha decidido mostrarse más firme para contrarrestar el vandalismo de quienes le exigen la renuncia inmediata, así como el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones para el presente año.

Según informe de la Contraloría General de la República que dirige Nelson Shack, más de 24 mil millones de soles que debieron invertirse en obras públicas, fueron a parar a los bolsillos de los funcionarios corruptos que desempeñan cargos en los niveles del Gobierno Nacional, las Administraciones Regionales y los Regímenes Locales.

Al gobierno del presidente Pedro Castillo le mortifica o incomoda que los medios de comunicación revelen los actos ilícitos que comprometen a los miembros del Poder Ejecutivo.