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Mié, Oct

Martín Vizcarra disolvió el Congreso de la vergüenza

Ing. Guillermo Nole Panta.
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Dice el adagio popular ‘No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista’. El presidente Martín Vizcarra Cornejo, en amparo del mandato constitucional y a través de un mensaje dirigido a la Nación, decidió disolver el Congreso de la República en vista de que el Legislativo le denegó la cuestión de confianza solicitada para modificar la elección de los seis miembros que conforman el Tribunal Constitucional.

A diferencia de Alberto Fujimori que disolvió el Congreso de manera anticonstitucional el 12 de abril de 1992, el mandatario Vizcarra hizo lo mismo, pero de manera constitucional respaldado por la Carta Magna de 1993, redactada y promulgada durante la segunda administración del presidiario ex presidente del Perú.

Y de paso, satisfizo el clamor popular que le pedía ‘a gritos’, a nivel nacional, el cierre del Parlamento controlado por la bancada mayoritaria de Fuerza Popular y su aliado político el APRA.

En realidad el principio del fin del Congreso empezó el 28 de julio de 2016. Los 73 miembros de Fuerza Popular ‘heridos en amor propio’ por no haber ganado su lideresa Keiko Sofía Fujimori las elecciones presidenciales, decidieron desde ese momento enfrentarse al régimen de Peruanos Por el Kambio hostilizándolo en forma permanente y sistemática.

El fin maquiavélico era defenestrar del poder al entonces gobernante Pedro Pablo Kuczynski y propiciar el ascenso al mando de Fuerza Popular.

Como que en efecto estuvieron a punto de lograrlo cuando PPK renunció al cargo luego del escándalo de la difusión de los Mamani videos donde se puso en evidencia que pretendía negociar el indulto del presidiario Alberto Fujimori a cambio de que el Congreso no lo vacara por incapacidad moral para seguir gobernando.

En su reemplazo, asumió el sillón presidencial el primer vicepresidente, el Ing° Martín Vizcarra Cornejo. La tónica por parte del Congreso siguió siendo la misma: seguir obstruyendo de manera

maniática e irreflexiva la labor del Ejecutivo y ‘blindar’ a los miembros fujiapristas involucrados en actos de corrupción.

Este comportamiento antidemocrático e inmoral de la alianza de Fuerza Popular y el APRA mereció el repudio de la ciudadanía que comprobaba con preocupación cómo el país se hundía en una crisis política que afectaba la gobernabilidad y ahuyentaba las inversiones generadoras de crecimiento económico y empleo para mitigar la pobreza y extrema pobreza (miseria) caldos de cultivo para el incremento de la delincuencia urbana y la inseguridad ciudadana.

El jefe del Estado presentó al Congreso el 28 de julio de 2018 un proyecto de reformas políticas y judiciales para su aprobación y posterior ratificación mediante un referéndum el 09 de diciembre. El propósito era contar con el instrumento legal que le permitiera ir poniendo orden en el aparato gubernamental por la corrupción.

Las reformas fueron aprobadas, pero desdeñadas en su esencia original por la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular en contubernio con el partido de la estrella. Pero el pueblo mediante el referéndum y en forma abrumadora las ratificó tal como las planteó el presidente.

A partir de ese momento empezó a ‘morir’ lentamente el control del Poder legislativo por parte de Fuerza Popular y el APRA. Luego la detención y encarcelamiento de su lideresa Keiko Sofía, por lavado de activos, aceleró la descomposición y el repudio popular de su partido.

El presidente Martín Vizcarra le asestó ‘el puntillazo final’ disolviendo el Congreso y convocando a su renovación total mediante comicios programados para el 26 de enero de 2020. Todo se ha derrumbado para Fuerza Popular y el APRA.

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