22
Mar, Sep

La corrupción en el Estado

Ing. Guillermo Nole Panta.
Typography
Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 

Según la Contraloría General de la República (CGR), durante el año 2019 la corrupción de funcionarios causó al Estado un perjuicio económico de 921 millones de soles.

El monto fue determinado en las auditorías llevadas a cabo por los peritos contables de la CGR en todas las regiones del país.

Según la evaluación financiera y administrativa, las regiones más perjudicadas fueron Lima, Piura, Lambayeque, Loreto y Moquegua.

El daño causado por los burócratas corruptos afecta no solo al erario nacional, sino también el avance de los pueblos que, por obra y gracia de la podredumbre, ven postergado su desarrollo.

El 100% de las partidas presupuestales no se invirtió en obras, sino que fue a parar al bolsillo de unos cuantos oficinistas mafiosos.

La corrupción en el Estado es un mal crónico que ningún gobierno democrático ni de facto ha sido capaz de erradicar completamente aplicando estrictamente las leyes vigentes.

Por el contrario, a medida que transcurre el tiempo comprobamos con amargura y decepción que la corrupción de funcionarios sigue ‘vivita y coleando’. Cometer latrocinios en perjuicio del Fisco se ha vuelto rutinario, sobre todo cuando se tiene poder político.

El enriquecimiento ilícito ha llegado a obsesionar a los malos funcionarios estatales que no reparan en el inmenso daño que le causan a la sociedad y el país. Tienen la escala de valores invertida.

En las ocasiones que los empleados corruptos son denunciados ante el Ministerio Público, la ‘mano negra’ del poder político se encarga de ‘embrollar’ el asunto quedando impunes los delitos.

La contraloría solo tiene atribuciones para fiscalizar la forma como se invirtieron los recursos del Estado. Está en condiciones de identificar a los responsables de las fechorías, pero no los puede sancionar penalmente.

Para concederle la potestad de castigar con cárcel efectiva o suspendida a los infractores, el Congreso Extraordinario que elegimos el 26 de enero y que se instalará en marzo debería priorizar

en su agenda la reforma del artículo 82 de la Carta Magna que establece la funciones de la CGR para incluir la prerrogativa de condenar a los ‘delincuentes de cuello blanco’.

Publicidad Lateral CEGNE - BELEN
Slider-dengue-2019
banner cmac 2020